La Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 refuerza derechos y empleo para las personas con discapacidad.
La iniciativa, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, redefine las prioridades del país para acelerar el cumplimiento de la Agenda 2030 y sitúa la discapacidad como eje transversal en la lucha contra la desigualdad.
El documento establece objetivos cuantificables que afectan directamente a las personas con discapacidad. Entre las más relevantes, destaca la meta 27: reducir a un máximo de seis meses el plazo medio para resolver el reconocimiento del grado de discapacidad.
Esta medida resulta clave para garantizar el acceso ágil a prestaciones, apoyos y servicios.
También fija alcanzar 10.000 beneficiarios en prestaciones económicas vinculadas a discapacidad (meta 6) y reforzar el despliegue de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030, consolidando un enfoque basado en derechos.
Más empleo y mejor inclusión laboral
El texto marca un objetivo claro: elevar la tasa de empleo de las personas con discapacidad hasta el 34,5% en 2030 y aumentar un 15% la ocupación femenina (meta 34) . Además, prevé incrementar un 30% las contrataciones en el sector público y en empresas de más de 50 trabajadores, reforzando el cumplimiento de la cuota de reserva del 7% (meta 35).
Así, se contemplan incentivos a la contratación, adaptación de puestos de trabajo y reserva de plazas en empleo público para nuestro sector. Dichas medidas resultan especialmente relevantes para las personas con discapacidad física, que a menudo encuentran barreras en entornos laborales no accesibles.
Vida independiente, cuidados y accesibilidad
La Estrategia apuesta por transformar el modelo de cuidados, con el objetivo de reducir el peso de la institucionalización al 50% y potenciar la atención domiciliaria y comunitaria. También plantea alcanzar el 100% de cobertura efectiva para personas con dependencia en grados II y III (metas 17 a 19).
En vivienda, se refuerzan las medidas de rehabilitación y accesibilidad universal, con impacto directo en la autonomía de las personas con discapacidad física. Además, en educación se prioriza la inclusión y la reducción del abandono escolar temprano en colectivos vulnerables, incluyendo alumnado con discapacidad.
En conjunto, la nueva Estrategia ofrece un marco de metas concretas en empleo, derechos sociales y accesibilidad. El desafío será garantizar su cumplimiento efectivo para que las personas con discapacidad, y especialmente aquellas con discapacidad física, vean traducidos estos compromisos en mejoras reales en su vida cotidiana.