¿Puede tener interpretación restrictiva el nuevo baremo de discapacidad? Hace un año entró en vigor una actualización muy demandada por el sector social. En ella se actualizaban los criterios para valorar, calificar y reconocer la discapacidad de las personas que así lo requieran. Esta fórmula garantizaba un mayor reconocimiento en el grado de discapacidad y una eventual igualdad en toda la ciudadanía.
Entre los principales hallazgos de aquella actualización destacaba la posibilidad de unir los baremos de discapacidad y dependencia. Tenerlos diferenciados, opinaban los expertos, «complica los trámites a las personas para acceder a sus derechos».
Con todo, ya en su implantación se reconocía que era «muy técnico y difícil de explicar», según recogió Tododisca. «Los propios médicos generalistas y especialistas desconocen cómo se evalúa la discapacidad. No saben exactamente lo que se valora y esto genera problemas a las personas que van a solicitar un informe médico», citaban.
Con todo, la visión final era que el nuevo baremo era «más completo» y con una definición «más precisa de la discapacidad». Esto se debía a que «contempla todos los factores sociales, ambientales y psicológicos. También atiende a los principios de eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficacia».
Un «efecto perverso»
Sin embargo, una interpretación restrictiva del nuevo baremo de discapacidad puede tener un «efecto perverso». Así lo ha alertado el presidente de ASPAYM Baleares y Alessandro Marinelli. El también secretario de Federación Nacional ASPAYM ha concedido una entrevista a Diario de Mallorca en la que, en declaraciones recogidas por la periodista Mar Ferragut, avisa sobre consecuencias indeseadas de la aplicación de esta nueva normativa.
«El grado que se esta reconociendo ahora mismo sería bastante menor del real porque se está interpretando que, cuando una persona tiene un entorno adaptado o productos de apoyo que le dan autonomía (una silla de ruedas, un bastón, un implante coclear…) le reducen muchísimo su grado de discapacidad». Por ello, Marinelli, señala que por bajarle el nivel de discapacidad la persona podría perder esos recursos de apoyo que se le conceden. «Es una interpretación errónea; si tiene un apoyo, tendrá más autonomía, pero el nivel de discapacidad es el mismo».
Ferragut también señala otras consecuencias de la entrada en vigor de los nuevos criterios de valoración del grado de discapacidad, como el ‘tapón’ en la valoración de solicitudes. Tal y como explica la periodista; «formar al personal e introducir los cambios en el sistema informático es un proceso largo, que [se] ralentiza».
Marinelli ha indicado que esta parte específica no estaba en el documento inicialmente negociado y se está intentando modificar. Otras preocupaciones que se detectan son el largo tiempo que hay que esperar para conseguir un certificado de discapacidad, derivado de la falta de personal para acometer las valoraciones.