Nuevos cambios en la Ley de Dependencia. Esta semana el ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha presentado una reforma de esta legislación desde La Moncloa. En la comparecencia, el ministro Pablo Bustinduy ha destacado que con esta reforma legislativa se va a implantar «un nuevo enfoque que garantice vidas dignas en todas las etapas del ciclo vital, promoviendo el derecho a la vida independiente y a la autonomía personal».
La ampliación de servicios es uno de los cambios clave de esta reforma. «El modelo ha quedado obsoleto», defiende el ministro. Entre los reajustes incorporados, destaca una mayor asistencia en la ayuda a domicilio fuera del hogar.
En esta línea, recientemente numerosos ayuntamientos señalaban que, aunque la obligación de costear estos apoyos depende de administraciones autonómicas y el gobierno central, son las instituciones locales las que lo sufragan, a costa de sus propias arcas.
Por ello otro de los apoyos será en los entornos relacionales, que contarán a amigos y vecinos, según una información de Tododisca. La dependencia también estará cubierta, continúa la nota de este portal, por un banco público de préstamo de productos de apoyo (sillas de ruedas, camas articuladas, etc.) o una asistencia personal más accesible.
Teleasistencia, trámites ágiles y reconocimiento de discapacidad
En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia celebrado el jueves, Bustinduy también destacó el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo, lo que supone la universalización de este servicio. Gracias a él, se consigue «prevenir la institucionalización de los cuidados y permitir que las personas permanezcan más tiempo en sus hogares», según una nota del IMSERSO. El anteproyecto de ley establece, por otro lado, el derecho de que las personas puedan decidir si desean permanecer o no en su hogar, y sobre las prestaciones y servicios que reciben.
Otro de los objetivos que Derechos Sociales persigue con esta reforma es la flexibilización y agilización de los trámites. Para ello, entre los nuevos cambios de la Ley de Dependencia, el texto propone simplificar la revisión del Programa Individual de Atención. Asimismo, se establecen procedimientos de urgencia para situaciones de especial vulnerabilidad. Entre ellos, se enumeran los casos de enfermedades neurodegenerativas, demencias o violencia de género.
En el campo de la Discapacidad, el anteproyecto de ley incluye simplificar los procesos, asimilando una discapacidad del 33% a las personas a las que se les haya reconocido oficialmente una situación de dependencia. El texto también reconoce derechos fundamentales para personas con discapacidad como la prohibición de cualquier tipo de discriminación a la hora de contratar seguros de salud y de vida.
La reforma despliega, además, una batería de medidas para asegurar la accesibilidad como un derecho universal y para promover la accesibilidad en las viviendas. Entre estas últimas se encuentra la modificación de la Ley de Propiedad Horizontal para que las obras destinadas a la accesibilidad se consideran obligatorias en la comunidad de vecinos.