Cada vez más personas con discapacidad tienen estudios superiores. Es la noticia que hemos conocido esta semana elaborada por Servimedia y publicada en medios como El Economista. Hoy el 27% de las personas de este sector social cuentan con dicho nivel de formación. Un análisis de Fundación Randstad y Randstad Research así lo asevera: desde 2014, la cifra se ha elevado un 30%.
El incremento es incluso superior al de personas activas sin discapacidad, que solo ha aumentado un 12%. Vamos a los datos absolutos: en total hoy 181.800 personas con discapacidad cuentan con estudios secundarios y/o universitarios. Son 90.000 personas más que desde 2014.
Sin embargo, el estudio, lejos de pecar de entusiasmo desmedido, es realista. Y es que aunque el aumento sea muy positivo, un 27% es aún una cifra demasiado baja. Especialmente, si la comparamos con el sector de personas sin discapacidad. El 43% de población activa sin discapacidad sí cuenta con titulación de grado superior.
Mucha formación, poco empleo
Con todo, las personas con discapacidad siguen apostando por una formación más allá de la básica para acceder a un empleo. Un 63% de este sector de la población cuenta con titulación en Educación Secundaria Obligatoria. En términos relativos son incluso superiores al sector de población sin discapacidad, que apenas rebasa la mitad con un 51%. En términos absolutos, suman cerca de unas 415.900 personas.
El estudio también destaca que porcentaje de población con discapacidad sin estudios ha disminuido del 17% al 10%. Sin embargo, falta que esta apuesta por la formación se traduzca en cifras de empleo.
Así, del 1,93 millones de personas con discapacidad en edad de trabajar, apenas 664.000 (un 34%) se encuentra activa. Este dato relativo se encuentra lejos del sector de la población sin discapacidad, que lo duplica holgadamente hasta alcanzar un 76%.
Lo prometedor de estos datos arroja el inmenso potencial de las personas con discapacidad. ASPAYM insta a que diferentes agentes de la esfera política, asociativa, empresarial y pública encuentren mecanismos para salvar la brecha entre el mundo académico y el mundo laboral. Ello facilitará mejores cifras y resultados en fuerza de trabajo poblacional en nuestro país. Además, contribuirá a la mejora en proyectos de vida independiente y autónoma de las personas con discapacidad.