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Un avance histórico para reforzar la participación de las personas con discapacidad. Así describió Servimedia la presentación del plan integral del Congreso de los Diputados destinado a adaptar su edificio histórico, incluido el hemiciclo. La iniciativa, presentada a mediados de abril, pretende eliminar barreras físicas, sensoriales y cognitivas que «aún dificultaban la participación plena» de este colectivo. Aprobado recientemente por la Mesa de la Cámara, el proyecto busca compatibilizar la protección patrimonial del Palacio con el derecho a la igualdad» y a la participación política en condiciones no discriminatorias.

El plan incluye mejoras en accesos, señalización, circulación interior, aseos y espacios singulares, así como actuaciones en el propio hemiciclo, uno de los enclaves más emblemáticos y complejos por su valor histórico. También contempla la adecuación de nuevos espacios como el patio de Floridablanca para mejorar su funcionalidad y accesibilidad. Todo ello se llevará a cabo respetando el carácter protegido del edificio y en colaboración con entidades como el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), el Real Patronato sobre Discapacidad, Fundación ONCE y el Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas.

Fuente: Servimedia

La accesibilidad como base de la participación política

El presidente del CERMI, Luis Cayo Pérez Bueno, subrayó que la accesibilidad es una condición esencial para garantizar derechos fundamentales y una participación política real. «No se puede comprometer el derecho a la participación política por razones de accesibilidad», insistió en declaraciones recogidas por Servimedia, al tiempo que reclamó soluciones incluso en entornos con especiales dificultades patrimoniales.

Asimismo, destacó la colaboración entre instituciones y sociedad civil, señalando que el movimiento asociativo de la discapacidad «aporta conocimiento y soluciones» para transformar los espacios. «Podremos decir que este Palacio se parece más a la sociedad a la que representa, donde nadie puede ser excluido y todos tienen plena posibilidad de participar», concluyó.

En esta misma línea, el director general de Derechos de las Personas con Discapacidad, Jesús Martín Blanco, puso en valor tanto el simbolismo como la utilidad práctica del plan, al considerar que sitúa a las instituciones «al servicio de la ciudadanía» y no al revés. «No es concebible que la casa de la democracia tenga barreras que impidan la participación», afirmó.

Martín Blanco reconoció que durante años estas limitaciones han transmitido la idea de exclusión de las personas con discapacidad en espacios clave de decisión. «Duele cuando se nos deja fuera», señaló, recordando experiencias vividas por representantes públicos. Por ello, celebró que este proyecto contribuya a «normalizar» la presencia y participación en igualdad de condiciones.

Enfoque integral

El arquitecto conservador del Congreso y responsable del proyecto, Fernando Calvo, explicó que el objetivo es «alcanzar el máximo nivel posible de accesibilidad universal» respetando la singularidad del edificio. Según indicó, se trata de un enfoque integral que abarca desde el entorno exterior hasta los espacios interiores, incorporando soluciones tecnológicas y criterios de diseño inclusivo.

Calvo destacó que el trabajo se ha guiado por principios como la «reversibilidad» de las intervenciones, la «proporcionalidad» y el «respeto al patrimonio», combinando innovación y conservación. Entre las actuaciones previstas figuran mejoras en señalética, sistemas de información accesibles, adaptación de recorridos y creación de espacios de recepción más funcionales.

También mencionó el concepto ‘Dalco’ (deambulación, aprehensión, localización y comunicación), que orienta el diseño de entornos accesibles para garantizar que cualquier persona pueda orientarse, desplazarse, comprender y utilizar los espacios en igualdad de condiciones. «La accesibilidad debe entenderse como un sistema global», apuntó.

El plan se desarrollará por fases en los próximos meses, y algunas intervenciones requerirán la autorización del Ministerio de Cultura debido a la protección del edificio. Aun así, desde el Congreso confían en que esta iniciativa marque «un antes y un después» en la trayectoria de la institución.

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