20 años de avances en discapacidad en España. El Consejo de Ministros y Ministras ha aprobado una Declaración Institucional con motivo del Día Nacional de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se celebra cada 3 de mayo, coincidiendo este año con el 20 aniversario de la adopción del tratado por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2006.
La declaración, impulsada conjuntamente por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, repasa los principales avances normativos y de política pública promovidos en España para adaptar el ordenamiento jurídico a los mandatos de la Convención, considerada un hito internacional en la protección de los derechos humanos de las personas con discapacidad.
Entre las medidas más destacadas figura la reforma del artículo 49 de la Constitución, que actualiza el enfoque constitucional sobre discapacidad conforme a los principios de derechos humanos y ciudadanía plena recogidos en el tratado internacional. El Ejecutivo subraya además el papel de la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030 como herramienta clave para trasladar esos principios a políticas concretas.
El Gobierno también pone en valor normas como la Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, la mejora del Ingreso Mínimo Vital para personas con discapacidad, la ampliación de la jubilación anticipada para nuevos supuestos de discapacidad y la inclusión de este sector de la sociedad como prioritario en el acceso a la vivienda. En el ámbito sanitario, destaca el Plan Nacional de Bienestar Saludable de las Personas con Discapacidad, dotado con 140 millones de euros.
Accesibilidad, educación y vida independiente
La declaración institucional recoge asimismo avances específicos en igualdad de género, educación inclusiva y accesibilidad universal. Entre ellos, el Plan estatal para proteger los derechos de mujeres y niñas con discapacidad, con una inversión de 65 millones de euros, así como nuevas medidas de protección frente a la violencia incorporadas a distintas leyes estatales.
En materia educativa, el Ejecutivo resalta el Consenso estatal de atención temprana, la apuesta de la LOMLOE por la educación inclusiva y el aumento de becas y ayudas para alumnado con discapacidad en todos los niveles formativos, incluida la universidad y la Formación Profesional.
La accesibilidad universal ocupa otro de los ejes centrales de la declaración. El Gobierno reivindica el despliegue del Plan Nacional de Accesibilidad Universal, dotado con 84 millones de euros, junto a inversiones del Plan de Recuperación para adaptar servicios públicos y reforzar la accesibilidad cognitiva, audiovisual y de movilidad.
También se destacan reformas dirigidas a garantizar el acceso a la justicia, el empleo y la participación política. Entre ellas, la eliminación de restricciones al derecho de voto de las personas con discapacidad, el incremento de la reserva de empleo público hasta el 10% y la aprobación de la Estrategia Española de Desinstitucionalización para favorecer modelos de vida independiente.
El texto en torno a estos 20 años de avances en discapacidad en España concluye señalando que la futura reforma de la Ley General de Discapacidad y de la Ley de Dependencia supondrá «la culminación» del proceso de adaptación del marco legal español a la Convención de Naciones Unidas, consolidando a España «como un país a la vanguardia de la ampliación y consolidación de derechos de las personas con discapacidad».