El XXV Observatorio Estatal de la Dependencia, publicado este mes de octubre de 2026 con datos oficiales correspondientes al tercer trimestre, pone de manifiesto una realidad preocupante para el colectivo de personas en situación de dependencia.
Desde ASPAYM, advertimos que las demoras administrativas y la persistencia de un modelo asistencial deficitario impactan de forma directa y grave en la calidad de vida de las personas con lesión medular y discapacidad física, quienes requieren apoyos especializados y continuados para su autonomía diaria.
Unas listas de espera insostenibles
A fecha de septiembre de 2026, el informe señala que 236.736 personas se encuentran en las listas de espera de la dependencia (sumando valoraciones pendientes y el denominado “limbo” de prestaciones ya reconocidas pero no efectivas). A pesar de los incrementos presupuestarios transferidos por la Administración General del Estado a las comunidades autónomas desde el mes de julio, la reducción de la lista de espera en lo que va de año ha sido de tan solo un 8,3%.
Para las personas con discapacidad física y lesión medular, el tiempo es un factor crítico. El *tiempo medio de espera en España se sitúa en 293 días, duplicando en muchos casos los plazos máximos legales de 180 días establecidos por la normativa, con comunidades donde la tramitación supera ampliamente el año (como Murcia, con 529 días de media, o Asturias y Andalucía). Esta interminable dilación provoca que, en los primeros nueve meses de 2026, 21.374 personas fallecieran en las listas de espera en todo el país (más de 78 al día).
El lastre de un sistema “low cost”
El informe del Observatorio denuncia la consolidación de un sistema catalogado como “low cost”, caracterizado por la precariedad en las intensidades y cuantías de los servicios. Actualmente, la media de ayuda a domicilio se limita a 39 horas al mes, y las prestaciones económicas destinadas a cuidados familiares apenas alcanzan los 260 euros mensuales de media.
Para una persona con lesión medular, estas cifras son del todo insuficientes. La falta de robustez en servicios clave, como la asistencia personal profesional, las ayudas técnicas y la efectiva compatibilidad entre prestaciones, frena drásticamente las oportunidades de inclusión sociolaboral, vida independiente y participación activa en la comunidad.