En 2026 se cumplen 20 años de la aprobación de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Este tratado supuso un cambio fundamental en la manera de entender la discapacidad. Así, el texto estipula que las personas con discapacidad dejen de ser consideradas únicamente destinatarias de protección y asistencia para consolidarse como titulares plenas de derechos humanos.
Con motivo de este aniversario, el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado el estudio 2006-2026: Tendencias en Derechos Humanos y Personas con Discapacidad en España, que analiza la evolución de los derechos reconocidos en la Convención a partir de los 18 informes anuales publicados entre 2008 y 2025.
El balance recoge avances legislativos importantes, pero también advierte de una realidad que sigue afectando directamente a las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas: la distancia entre el reconocimiento de sus derechos y la posibilidad de ejercerlos plenamente en su vida cotidiana.

La accesibilidad y la movilidad, condiciones para la autonomía
Entre los ámbitos que requieren mayor atención destacan la accesibilidad universal y la movilidad personal. De esta manera, el estudio subraya que las barreras arquitectónicas en viviendas, edificios, calles y espacios públicos, junto con las dificultades para acceder al transporte, continúan limitando la autonomía y la participación social.
En materia de movilidad, los informes del CERMI registraron 124 denuncias entre 2008 y 2025. El documento señala problemas como la insuficiencia de taxis adaptados, las dificultades de acceso al transporte público y las limitaciones del transporte puerta a puerta. En este último caso, además, apuntan a que su disponibilidad depende en gran medida del territorio de residencia.
Estas barreras no afectan únicamente a los desplazamientos. También condicionan el acceso al empleo, la atención sanitaria, la educación, el ocio y las relaciones sociales. Por ello, el estudio plantea la necesidad de una Estrategia Estatal de Movilidad Inclusiva. Dicha estrategia integraría el transporte público y privado adaptado, los productos de apoyo, la asistencia personal y la movilidad en el medio rural.
Vivir de forma independiente, más allá de los apoyos
Otro de los grandes desafíos identificados es garantizar el derecho a vivir de forma independiente y a participar en la comunidad. Sin embargo, para ello no basta con disponer de prestaciones. Además, hacen falta viviendas accesibles, asistencia personal suficiente, servicios comunitarios, transporte adaptado y apoyos que permitan elegir dónde y cómo vivir.
El estudio reclama reforzar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Asimismo, insta a agilizar los procedimientos y garantizar prestaciones flexibles y suficientes, adaptadas a las necesidades y decisiones de cada persona.
De los avances legales a los derechos efectivos
Durante estas dos décadas se han producido conquistas relevantes. Entre ellas, cabe destacar la recuperación del derecho al voto de todas las personas con discapacidad, la Ley 8/2021 sobre capacidad jurídica y la reforma del artículo 49 de la Constitución Española.
Sin embargo, el balance recuerda que las reformas normativas no garantizan por sí solas la igualdad. Así; la accesibilidad, el empleo, la vivienda, la salud y la participación siguen presentando brechas que requieren medidas concretas y recursos suficientes.
La principal conclusión es que la Convención debe seguir siendo una agenda de trabajo para las administraciones y la sociedad. Para las personas con lesión medular y otras discapacidades físicas, avanzar en su cumplimiento significa poder desplazarse, acceder a una vivienda, trabajar, participar y tomar decisiones sobre la propia vida en igualdad de condiciones.