Conocemos el último documento aprobado por el Gobierno en torno a las personas con discapacidad, que alinea objetivos con Europa, la Agenda 2030 y los ODS
La Estrategia Española sobre Discapacidad fue aprobada la semana pasada por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Con este documento se pretende fijar unos objetivos del país alineados con la hoja de ruta europea. Hoy 9 de mayo, Día de Europa, conocemos un poco mejor estas ambiciosas propuestas.
En la Estrategia, se define a la discapacidad como un «hecho social». ¿Qué significa esto? Visto desde la perspectiva de los derechos humanos, el «funcionamiento cognitivo, corporal, mental y comunicativo no resulta neutro en términos de consideración y reconocimiento». Tampoco lo es en cuanto a «decisión sobre su proyecto vital, ejercicio de derechos, acceso a bienes comunitarios y participación social».
Por ello, las personas con discapacidad se ven, contra su voluntad, «en posiciones forzadas de negación, de irrespeto, discriminación, segregación, dependencia y en situaciones de exclusión estructural y sistémica». Esa serie de características impuestas por el entorno «limita y restringe, generando obstáculos que impiden o dificultan una vida elegida en la comunidad». Hemos hablado antes de cómo el lenguaje condiciona el pensamiento y la visión hacia las personas con discapacidad. Su diagnóstico no es diferente: coloniza toda su perspectiva y varios aspectos de la vida.
El objetivo de la Estrategia Española sobre Discapacidad es cambiar el modelo imperante público hacia las personas con discapacidad. «Muchas de las instituciones y servicios de apoyo del presente responden a una mirada de la discapacidad basada en el déficit», reza el documento. Así, pretenden transitar «de un modelo de cuidados “institucionalizado y asistencial” a nuevos “modelos comunitarios y de proximidad”».
Objetivos para la igualdad de las personas con discapacidad
De todos los ODS, ninguno apela tanto a las personas con discapacidad como el 10. Este objetivo establece una serie de metas para reducir la desigualdad. Y es que las personas con discapacidad se encuentran especialmente en riesgo de ser excluidas, con barreras acrecentadas por situaciones como la del COVID. El décimo ODS persigue potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas. Además, busca garantizar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad.
«La discapacidad en los ODS de la Agenda 2030 se cita en 7 metas de 5 objetivos, en términos porcentuales el 4 % del total de las metas de los ODS». La Estrategia Española sobre Discapacidad concede que «a priori» parezca «una débil proporción». Cabe recordar que el 15% de la población mundial tiene alguna discapacidad. Sin embargo, el documento defiende que «la vida de las personas con discapacidad es una realidad poliédrica y que está en todas las esferas».
Por ello, la Estrategia defiende que «las personas con discapacidad han de aprovechar el arsenal que proporcionan los ODS. Estos se conectan con la Convención de la ONU y servirán «para que sociedades hostiles, reticentes y negativas a las personas con discapacidad sean hoy más inclusivas».
Hoja de ruta de la Estrategia Española sobre Discapacidad
En el cumplimiento de los ODS, la Estrategia Española sobre Discapacidad dibuja un mapa de recomendaciones basado en diferentes categorías temáticas. Entre ellas; aborda acciones sobre Accesibilidad, No Discriminación, Mujeres y niñas con discapacidad, Salud, Educación, Empleo y Cambio climático.
La accesibilidad implica una igualdad a muchos niveles y altamente ambiciosa. Abarca la arquitectónica de edificios y lugares públicos; pero también transporte, leyes, vivienda y justicia. Apela además a sanciones por incumplimiento y destaca el acceso a actividades culturales.
La No Discriminación comprende campañas de sensibilización, recopilación de datos sobre violencia y revisión de legislaciones vigentes. Mujeres y Niñas son objeto de especial vulnerabilidad y cuentan con su propia categoría. Se vela por su desinstitucionalización y su protección a través de políticas contra violencia de género específica.
La Salud mira especialmente a la mental, con los internamientos forzados. También contempla la salud sexual, así como la creación de un mecanismo independiente que supervise los centros y servicios de salud mental en todas las comunidades autónomas. La inclusión plena de las personas con discapacidad es el objeto principal en las categorías de Educación y Empleo.
Finalmente, en Cambio Climático se busca también que las políticas medioambientales de adaptación y mitigación sean inclusivas e incluyan la participación de este sector de la sociedad.
De la ONU a los ODS
En Comunica ASPAYM hemos aludido y desgranado en numerosas ocasiones la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Aprobada en 2006, este documento es la base de numerosos avances y reconocimientos de derechos en torno a este sector de la sociedad, aprobados en ambiciosas propuestas intracomunitarias y en las legislaciones de los estados miembro.
En el año 2011, España aprobó dos normas en ese sentido. Estas son la Ley 26/2011, de 1 de agosto, y Real Decreto 1276/2011, de 16 de septiembre, de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Además, en 2013 se refundieron en un solo texto normativo las tres principales leyes vigentes en materia de discapacidad. Esto fue recogido a través del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre. En lo que respecta a la eliminación de discriminaciones, destacan la privación del derecho al voto y la esterilización forzada. Y, en obtención de derechos, el reconocimiento a la plena capacidad jurídica.
La Convención ha sido base, una década después, de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estos 17 objetivos son «un compromiso mundial para que la igualdad sea una realidad que alcance a todas las personas y grupos». Además, suponen «una oportunidad más para catalizar los derechos de las personas con discapacidad». Se busca, en definitiva; «reactivar, catalizar y guiar a los Estados hacia los derechos humanos, tanta veces silenciados y vulnerados».
La Agenda 2030 y los ODS «se comprometen a no relegar o permitir que nadie sea relegado, un reto sin duda ambicioso, pero sobre todo esperanzador».