En el día de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad, repasamos algunas actividades e informes de CERMI sobre estos derechos, y en qué punto nos encontramos en 2022.
Hoy celebramos el día de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Desde Comunica ASPAYM ya hemos hablado largo y tendido de este documento. El texto recoge varios de los derechos de nuestro sector de la sociedad, y deberes del resto de la ciudadanía, que no siempre se cumplen debidamente.
De manera resumida, ya indicamos que dicho texto aludía a la discriminación como «una vulneración de la dignidad y el valor inherentes del ser humano». A su vez, el documento reconocía que «la discapacidad es un concepto que evoluciona».
«Dicha evolución resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno», continúa el texto. Estas realidades «evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás».
La importancia de incorporar personas con discapacidad en decisiones de participación y trascendencia pública es algo que, desde ASPAYM, también hemos hecho llegar a Europa. La enumeración de derechos es por todos sabida: respeto de la dignidad, la igualdad de oportunidades y de género, la no discriminación y la accesibilidad. También a la vida, a la justicia y a la libertad. Además, reconoce la especial vulnerabilidad de mujeres y niñas con discapacidad. Por último, lista obligaciones para los estados parte, desde una toma de conciencia colectiva hasta medidas administrativas y penales por toda discriminación hacia las personas con discapacidad.
Infancia y discapacidad
Con motivo de este día, el CERMI ha elaborado un manifiesto en el que pone el foco sobre la infancia con discapacidad. «Las niñas y los niños con discapacidad, y su entorno familiar, están más expuestas a la quiebra de sus derechos», señalan. Asimismo, existe un mayor riesgo de «sufrir la carencia de apoyos y recursos que comprometan su proceso de inclusión en esta primera etapa decisiva de sus vidas». Ello implica, claro, condicionar gravemente las fases posteriores.
Para este manifiesto con motvo de la Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad, CERMI se sirve de datos. Concretamente, del INE. «En España hay 106.300 personas de entre seis y quince años que presentan alguna discapacidad, 70.300 niños y 36.000 niñas». El artículo 7 del texto de la ONU se centra en 3 objetivos: garantizar su libertad de opinión, proteger su interés superior y asegurar sus derechos. Además, alude a la pertinencia de recibir asistencia apropiada.
CERMI alude a su vez a las niñas con discapacidad, «particularmente sometidas a múltiples formas de discriminación». Por ello, la entidad defiende la robustez de los sistemas públicos de servicios sociales, de salud y educativos, en colaboración con el movimiento asociativo de la discapacidad.
A mayores, apunta a que «la discapacidad no es neutra en términos económicos y de renta». Finalmente, apela a la calidad de su ocio, y a las familias de los núcleos rurales, las migrantes o racializadas: «Ven incrementados exponencialmente el riesgo o la amenaza para sus derechos, por lo que estas situaciones de discriminación deben ser abordadas interseccionalmente a fin de ofrecer protección más intensa y reforzada».
Nuestros derechos, hoy
De CERMI es también precisamente el último informe en torno a los derechos de las personas con Discapacidad. Publicado en abril de 2022, el libro aborda temas como el derecho al bienestar, la eutanasia o el derecho al empleo.
Pero sin duda su parte más extensa y rica es su análisis, artículo a artículo, del texto de la ONU. Frente a su declamación, contrapone el actual estado de la situación de las personas con discapacidad. Es el mejor recurso para saber en qué punto nos encontramos.
En sus conclusiones, la urgencia descansa en el consenso político frente a la reforma del artículo 49 de la Constitución. También a avanzar en materia de derechos contra internamientos forzosos, en caso de trastornos psiquicos. Los principales avances han sido, de acuerdo a este reciente informe, en la independencia frente al autoejercicio de la capacidad jurídica y la erradicación de la esterilización forzosa.
Por otra parte, la principal asignatura pendiente sigue estando en la accesibilidad, como ha probado la denuncia frente al material rodante de Renfe. Finalmente, CERMI también señala a la «mayor quiebra de derechos» de personas mayores y mujeres con discapacidad.