ASPAYM se suma este 8M al manifiesto de Fundación CERMI Mujeres. La entidad ya ha publicado su texto para el 8 de marzo de este 2025, bajo el lema ‘¡Yo sí te creo!’. CERMI Mujeres se declara «preocupada por que, a 5 años vista del logro de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, las mujeres y niñas con discapacidad están lejos de alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible nº 5 sobre igualdad de género y sus metas específicas». En su manifiesto recogen que «las mujeres y niñas siguen siendo utilizadas como instrumento de guerra y sometidas a condiciones de apartheid de género en muchas zonas del mundo».
La entidad acredita avances como la adopción de la Directiva sobre la lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica por parte de la UE. Además, aplaude la mención específica a las mujeres y menores con discapacidad en el artículo 49 de la Constitución Española.
Asimismo, se congratula del «reciente consenso político mayoritario para sacar adelante la aprobación de un nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género». Sin embargo, CERMI Mujeres también denuncia que «las mujeres y niñas con discapacidad se siguen enfrentando a formas agravadas de discriminación en todos los ámbitos de la vida». Para ello, se basan en datos oficiales: del total de mujeres con discapacidad en España (2.570.600), solo el 34% son laboralmente activas. A su vez, más de una de cada diez están en situación de pobreza severa.
Casi un cuarto del total no tiene ingresos por trabajo ni prestaciones. Además, el 10% habitan en infravivienda o con carencias graves de construcción y salubridad. Por ello, para la entidad, «estos datos reflejan la urgencia de adoptar medidas eficaces que garanticen la igualdad y la protección de las mujeres y niñas con discapacidad».
Exigencias 8M
A continuación, recogemos las exigencias del manifiesto de CERMI Mujeres este 8M, a las que se suma ASPAYM:
Reparación de las víctimas
1. Una Ley de Reconocimiento, Reparación e Indemnización a las Víctimas de Esterilización Forzada o No Consentida Incapacitadas legalmente por Razón de Discapacidad, garantizando justicia y reparación para quienes fueron esterilizadas bajo sentencia judicial entre 1989 y 2020;
Enjuiciar responsables
2. Investigar y enjuiciar todos los casos de prácticas nocivas contra mujeres y niñas con discapacidad, como esterilizaciones no consentidas, embarazos forzados, abortos coercitivos, tratamientos involuntarios de anticoncepción y matrimonios o uniones de hecho forzados;
Reforzar la consideración de mujeres y niñas con discapacidad
3. En línea con la reforma constitucional del artículo 49, una reforzada consideración de las mujeres y niñas con discapacidad en la legislación y en la política pública, especialmente en materia de igualdad de género, de discapacidad y de infancia, respectivamente, tanto en el nivel estatal como autonómico, con medidas transformadoras definidas a partir de objetivos claros, indicadores precisos, un cronograma factible y una dotación presupuestaria suficiente;
Auditoría de accesibilidad
4. En el marco del nuevo Pacto de Estado contra la Violencia de Género, llevar a cabo una auditoría inmediata de accesibilidad en los niveles estatal, autonómico y provincial de los centros y servicios de atención a mujeres víctimas de violencia de género y violencia sexual, de los juzgados especializados y de las campañas y materiales informativos de sensibilización, con un plan urgente de accesibilidad dotado de presupuesto suficiente, que contenga plazos claros para asegurar la disponibilidad de tales recursos a las víctimas con discapacidad;
Garantías de acogida
5. Garantía de plena accesibilidad de un centro de referencia para la violencia sexual y de un hogar de acogida para las víctimas de violencia de género en cada provincia, los cuales deberán satisfacer las necesidades específicas que presenten las mujeres y niñas con discapacidad y las madres y cuidadoras de personas con discapacidad;
Macroencuesta de violencia machista
6. Desarrollo, de una vez por todas, de una Macroencuesta específica a escala estatal sobre la violencia de la que son objeto las mujeres y las niñas con discapacidad, dentro y fuera del hogar, y en instituciones residenciales, que permita hacer un diagnóstico efectivo y diseñar una política pública adecuada para combatirla, con medidas para la prevención, protección, detección, atención y rehabilitación y recuperación de las víctimas.
Recursos en juzgados
7. Dotación de recursos de accesibilidad a todos los juzgados de violencia contra la mujer y a los juzgados de menores, garantizando la plena accesibilidad y atención adecuada de sus instalaciones, procedimientos y servicios;
Formación en herramientas legales
8. Formación a mujeres y niñas con discapacidad, así como a madres y cuidadoras de personas con discapacidad, particularmente en zonas rurales y en instituciones residenciales, sobre los recursos legales disponibles para denunciar violaciones de sus derechos, empoderándolas para presentar denuncias, acceder a la asistencia legal gratuita y beneficiarse de la reparación a las víctimas.