Una Europa más social hacia las personas con discapacidad. Ese es el objetivo que se persigue desde un tratado internacional que adapta sus políticas a todo nuestro sector de la sociedad. El programa Europa Más Social, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, pone a disposición de la ciudadanía una guía con la Carta Europea Social revisada. En ella se acercan estos derechos aprobados por los miembros de la UE a las personas con discapacidad, a fin de que conozcan mejor sus derechos.
Pero antes, un poco de contexto. La Carta Social Europea es un Tratado Internacional sobre derechos humanos, laborales y sociales. Fue elaborado por el Consejo de Europa en Turín en 1961, con 19 artículos que entraron en vigor 4 años después. En ellos se enumeraba la protección y cumplimiento de derechos fundamentales; civiles y políticos, pero también derechos sociales, laborales y económicos.
Varias décadas después numerosos países optaron por revisar esta Carta Social, ampliando sus artículos de 19 a 31. Entre ellos, España. Sin embargo, no todas las naciones se han sumado a esta revisión (Reino Unido, Polonia, Dinamarca o Islandia entre las pendientes). A mayores, existe el cumplimiento de lo aprobado entre los compromisarios. Si una nación incumple, el Comité de Ministros del Consejo de Europa redacta una recomendación, reclamándole un cambio en la legislación o en la práctica.
Cómo reclamar un derecho vulnerado
Para reclamar por las personas con discapacidad un derecho social vulnerado ante Europa, hay que seguir unos cauces concretos. Las ONG son los principales organismos con capacidad para cursarlas, aunque hay otras como los sindicatos o la UNICE. Una vez presentada y admitida la reclamación, el Comité examina y adopta una decisión que envía a las partes interesadas, así como al Comité de Ministros, que la publicará pasados 4 meses. A su vez, el Comité de Ministros adopta una resolución y puede recomendar al Estado que tome medidas específicas para una correcta aplicación de la Carta.
Cada reclamación debe tener nombre y datos de contacto de la organización que reclama, así como una prueba de que la persona redactora forma parte de la organización. A continuación, se indica el Estado al que se señala y cuáles son los derechos vulnerados. Por último, se desarrolla una somera exposición de los hechos, que se apoyan con los documentos pertinentes.
Los principales derechos que se defienden son a la no discriminación, al empleo, a la educación y a la salud. Además, se vela por el derecho a la vivienda y la protección social, así como la defensa contra la pobreza y la exclusión.