La XIV legislatura de España ha concluido con la aprobación del II Plan Nacional de Accesibilidad. A pocos días de las elecciones generales, el último Consejo de Ministros ha destinado un presupuesto de 93.467.014 euros a esta ambiciosa estrategia. Sobre el papel, el texto reconoce que la accesibilidad universal es una condición que deben cumplir todos los entornos, productos, bienes y servicios para que puedan ser utilizados y disfrutados por todas las personas.
Este nuevo plan nacional ha sido elaborado a través de una metodología participativa, en la que también han querido contar con las aportaciones de ASPAYM y sus entidades federadas. Basado en el principio del diálogo civil, abarcará todo el periodo que comprenden los años 2023 y 2032. Además, se someterá a un seguimiento trienal.
El II Plan Nacional de Accesibilidad se impone como misión impulsar la transformación cultural en la Administración General del Estado. Este objetivo pretende conseguirse reforzando su liderazgo para avanzar en políticas públicas que integren e implementen la accesibilidad.
Con este espíritu, se llegaría al resto de administraciones públicas, al sector privado, al tercer sector y a la ciudadanía en general. En su elaboración ha incluido en todo momento la perspectiva de género, y antes de su aprobación ha sido sometido al análisis del Consejo Nacional de Discapacidad.
Ejes de actuación
El II Plan Nacional de Accesibilidad se mueve en seis ejes estratégicos. El primero de ellos pasa por la apuesta en firme y visibilización de la accesibilidad universal en el Gobierno de España. Otro de ellos, directamente relacionado, descansa sobre la organización y sistematización de la gestión transversal de la accesibilidad universal.
Además, se mira también a la promoción de la gobernanza multinivel en la Administración Pública. Por otro lado, se persigue reforzar el marco normativo en materia de accesibilidad universal e impulsar su cumplimiento. Asimismo, se persigue fomentar la innovación y la gestión del conocimiento en materia de accesibilidad universal. Por último, el eje final se despliega sobre avanzar en la implantación efectiva de la accesibilidad universal en entornos, productos, bienes y servicios.
El plan conlleva la creación de una Comisión Interministerial para la incorporación de criterios sociales en la contratación pública. Esta comisión propiciará el impulso de la contratación pública socialmente responsable. El equipo de trabajo estará conformado por representantes de todos los departamentos ministeriales y de determinados organismos autónomos, del Consejo Económico y Social, y de la sociedad civil, provenientes tanto del Consejo Nacional de la Discapacidad como de la Comisión para el Diálogo Civil y de los sindicatos más representativos, a nivel estatal, dentro de la Administración General del Estado.
Por su amplio espectro de actuación, el II Plan Nacional de Accesibilidad mira más allá de las personas con discapacidad. Además, beneficiará a todas aquellas personas cuyas circunstancias vitales, transitorias o permanentes, puedan verse beneficiadas de entornos más accesibles. Entre los colectivos identificados, se encuentran las personas mayores, infancia, mujeres embarazadas, personas con lesiones temporales o extranjeras, entre otros.