Recientemente se ha publicado el informe ‘Derechos humanos y Discapacidad’ de España en 2022. Este estudio pasa revista al estado de la cuestión en nuestro país y al sector de la sociedad que representamos en el pasado año. El documento ha sido elaborado por CERMI y Ediciones Cinca. Esta publicación es uno de los hitos de la entidad a la que se adscribe ASPAYM de cara a la celebración del 3 de mayo.
A continuación, resumimos algunas conclusiones de este estudio, que puedes consultar completo aquí:
Nuevos derechos, asignaturas pendientes
El informe se centra en los avances legales conseguidos para las personas con discapacidad (por ejemplo, exigencias de accesibilidad). No obstante, también mira a la asignatura pendiente que supone la reforma del artículo 49 de la Constitución. Se sigue velando por un consenso entre las diferentes formaciones políticas para que reflejen el sentir colectivo de una sociedad que debe dejar atrás el término ‘disminuido’ en su Carta Magna.
Mirada a la infancia
El informe ‘Derechos humanos y discapacidad’ de España 2022 contempla un manifiesto para niños y niñas de cara al 3 de mayo. El objetivo, explican en el documento, es que «la inclusión esté presente desde las primeras etapas de vida». De esta manera, se combate la potencial de apoyos que niños y niñas con discapacidad pueden sufrir, y que comprometería sus diferentes procesos de inclusión en la vida.
Según la EDAD2020, en España hay 106.300 personas de entre seis y quince años que presentan alguna discapacidad, 70.300 niños y 36.000 niñas. Las niñas con discapacidad están particularmente sometidas a múltiples formas de discriminación, por lo que cabe que los sistemas públicos de servicios sociales, de salud y educativos, en colaboración con el movimiento asociativo de la discapacidad, actuemos conjuntamente de forma eficaz.
Derecho a la educación y a la salud
El estudio también defiende la importancia de la educación y la salud en las personas con discapacidad. A la primera la califica como un «bien social de primera magnitud» y base de una comunidad abierta y decente». Por ello defiende una educación inclusiva, con apoyos efectivos y personalizados. En cuanto a la salud, aboga por «la garantía de una atención y prestaciones sanitarias de calidad». En ese abanico se incluye la detección, el diagnóstico precoz y la prestación ortoprotésica.
Desigualdades sociales y límite de la pobreza
Como admite el estudio, «la discapacidad no es neutra en términos económicos y de renta». El riesgo de exclusión por pobreza es mayor en familias con una persona con discapacidad: más gasto, más agravio económico, menos ingresos… Frente a esta situación, se considera que «la pobreza causa discapacidad y la discapacidad agudiza la pobreza y la exclusión».
Discriminación y aislamiento social
Las personas con discapacidad y, de nuevo, la infancia, está expuesta a sufrir más acusadamente el aislamiento social. Es preciso combatir por todos los medios la soledad forzosa en los niños y las niñas con discapacidad. La discriminación también se manifiesta en la edad adulta, con el habitual baremo del empleo como valor de las personas.