Publicamos aquí el texto sobre vivienda asociativa que hemos escrito para la revista Infomédula del mes de abril. Podéis leer la revista completa aquí
La vivienda desde el punto de vista asociativo de ASPAYM. Publicado en Infomédula en abril de 2022.
El grueso de entidades de ASPAYM presta servicios como asesoramiento en eliminación de barreras arquitectónicas y orientación sobre viviendas accesibles. Algunas dedican auténticos programas completos como el Servicio Integral a la Vivienda Accesible (SIVA), desde ASPAYM Toledo. Este programa ofrece información relativa a las viviendas con características accesibles tanto para el alquiler como para la compra en materia de oferta, accesibilidad, ayudas, etc.
Otro ejemplo de práctica integral que se desarrolla desde ASPAYM, concretamente desde Castilla y León, es el proyecto CASA (Centro de Asesoramiento sobre Accesibilidad y Productos de Apoyo). Numerosos usuarios acuden a ASPAYM en su provincia para inquirir a propósito de las viviendas accesibles. Las consultas más recurrentes son sobre adaptaciones de la vivienda (en especial reformas de baños y portales), aunque también hay espacio para sondear los precios más asequibles, conocer y elegir los productos ortoprotésicos y de apoyo más adecuados…
La media de personas que se beneficia de los servicios de ASPAYM en torno a la vivienda accesible se encuentra en torno a las cien anuales, aunque hay sedes como Madrid que asciende su número de consultas a 200 al año, o ASPAYM Castilla y León, cuyas provincias suman casi el doble. Otras entidades, como ASPAYM Asturias, al ser entidad de interés público atienden en estas cuestiones a particulares e incluso colaboran con la Dirección General de Vivienda del Principado de Asturias en las propuestas de adecuación de vivienda protegida.
Más demanda que oferta
¿Cómo hemos valorado la vivienda accesible en nuestro país? El consenso se encuentra en que todavía estamos ante un proyecto pendiente, de lenta evolución. «Aunque haya ciudades como Barcelona o Valladolid con un mayor grado de accesibilidad, este no es representativo», indican desde ASPAYM Catalunya. Para alcanzar una homogeneidad en todo el territorio español, hace falta «una fuerte inversión y concienciación tanto por parte de la administración como de la población».
A nivel más aterrizado, el principal problema es el exceso de demanda por delante de la oferta. «Hay un número insuficiente de vivienda libre y en alquiler, y de esta, que reúna las condiciones de accesibilidad es casi inexistente», señalan desde Fundación ASPAYM Castilla y León. «En el caso de accesibilidad en las zonas comunes de viviendas, aunque se van haciendo obras para la mejora, en muchos casos son ajustes que no son correctos».
Los desenlaces no suelen ser felices. Las ayudas para esas obras son casi inexistentes o muy costosas en cuanto a papeleo y requisitos para solicitar. En algunos casos, la obra hace que la zona sea inservible, y en otros, la falta de consenso con los vecinos hace que la persona con discapacidad cambie de domicilio.
«En bloques de vivienda nuevos las zonas comunes suelen ser accesibles, aunque el acceso a determinadas zonas como la piscina o las áreas deportivas, no suelen serlo». Tesituras como esta conllevan el ya mencionado riesgo de la institucionalización: «En caso de discapacidades sobrevenidas, tenemos socios que han de ir a una residencia de ancianos hasta que encuentran una solución».
Venta o alquiler
Por lo que se refiere a la venta o alquiler, los edificios de obra nueva tienden a presentar una mayor accesibilidad. «Las nuevas promociones de vivienda tienden a cumplir con el código técnico de accesibilidad o no les dan las licencias», nos explica Carlos Alonso, abogado en Fidelitis.
Sin embargo, los edificios de alquiler o de venta antiguos, muchas veces no son accesibles. «La Ley de Arrendamientos Urbanos permite que, acorde con la discapacidad o la edad superior de setenta años del arrendatario como de los convivientes, se puedan realizar obras o actuaciones necesarias para que la vivienda pueda ser utilizada de forma adecuada, previa notificación al arrendador», expone Alonso.
«El arrendatario está obligado a reponer la vivienda al estado anterior, si así se exigiera por el arrendador», explican desde Fidelitis. La postura de los propietarios es crucial para garantizar a una persona con discapacidad su derecho a la vivienda.
«En alquiler se está consiguiendo llegar a acuerdos con los arrendadores para adaptar la vivienda rebajando precio de arrendamiento», destacan desde ASPAYM Galicia. «Pero los propietarios no siempre están de acuerdo con esas obras para mejorar la accesibilidad», matizan desde ASPAYM Castilla y León.
«Cuando las personas se plantean hacer una adaptación buscan vivienda propia», coinciden desde ASPAYM Madrid.
«El gasto que tendrían que desembolsar no podrían hacerlo en una casa alquilada, y los propietarios que alquilan no están por la labor».
La comunidad se ha enfrentado históricamente a la escasez de ayudas para la adaptación de la vivienda, si bien el reciente Plan Adapta «ha mejorado la situación». «Las ayudas deberían tener el crédito presupuestario adecuado, y su tramitación estar más simplificada para las personas», añaden desde Toledo.
Diagnóstico de la situación
La Federación Nacional ASPAYM ha podido preguntar a diferentes sedes por casos de éxito o buenas prácticas que hayan advertido en los últimos años en torno a la vivienda accesible. «En nuestro territorio se ha avanzado con el Decreto 73/2018, de 5 de diciembre, por el que se aprueban las normas de habitabilidad en viviendas y edificios destinados a viviendas», exponen desde nuestra entidad en el Principado de Asturias. En esta directiva se contempla «la accesibilidad en la propia construcción de nueva vivienda y obligatoriedad en reformas (cuando se produzcan) en el interior de vivienda privada hacia la accesibilidad».
«Hay un avance en la supresión de muchas barreras arquitectónicas, como es el ejemplo de los ascensores externos a los edificios», señalan desde ASPAYM Catalunya. «Sin embargo, todavía son muchas las comunidades y edificios no accesibles donde la comunidad se niega a establecer modificaciones de accesibilidad, y en caso de requerirlo una persona – y pese a tener la ley y protección de los derechos humanos a su lado- esta se ve obligada a ir a tribunales en ocasiones para poder defender ese derecho».
«Desde diferentes entidades o empresas se ha intentado ofrecer asesoramiento y respuestas tecnológicas y de otro tipo para fomentar un parque de viviendas accesible», exponen desde ASPAYM Toledo, «pero no se aprecia que la respuesta de administraciones vaya en la misma consonancia».
Para acometer las asignaturas pendientes de mayor urgencia, una herramienta se centra en «las normativas públicas que obliguen a la adaptación y penalicen de forma más rápida y fácil su incumplimiento», afirman desde ASPAYM Catalunya.
Sensibilización y concienciación
Con todo, también se requiere de «una gran sensibilización y concienciación hacia la población». Solo así se favorecería acometer otros problemas de urgente solución y que afectan a la esfera pública. Desde ASPAYM Madrid señalan, en ese sentido, los «recursos de tránsito entre el hospital y la vuelta al domicilio».
Además, se apremia en dotar de más recursos a arquitectos e inmobiliarias, pero también a las administraciones: «Hay necesidad de bolsas de vivienda en alquiler que sean accesibles, o facilitar a los inquilinos la ejecución de obras en la vivienda», evalúan en Fundación ASPAYM Castilla y León. «Con una mayor agilidad y derechos de las personas con discapacidad a la hora de exigir la accesibilidad en las zonas comunes, no habría tantos casos judicializados que tarden años en resolverse».
Algunas soluciones como las viviendas de protección oficial pueden parecer las más adecuadas y que «ayudan de forma importante», como indican en ASPAYM Toledo. Sin embargo, también presentan ciertos problemas: «Las VPO son limitadas, tardan en darse y la demanda es enorme», apuntan desde ASPAYM Catalunya. «Son una medida, pero esta no representa más que un pequeño parche que no cura la herida de forma completa». La solución pasa, pues, por tener una mayor ambición: «El mercado de alquiler y compra venta de viviendas es el que hay que modificar, concienciar, sensibilizar y hacer accesible, para que las personas con discapacidad tengan igualdad de oportunidades en una compra o alquiler de un espacio».
