El Congreso de los Diputados ha recogido en la última semana dos situaciones de vulneración de derechos que sufren las personas con discapacidad en España. Una de ellas, en contextos de violencia extrema, otra, en su vida cotidiana. Así; expertas, responsables públicos y representantes del movimiento asociativo han coincidido en la urgencia de reforzar las políticas públicas, la accesibilidad y la protección efectiva para este colectivo, con especial atención a mujeres y niñas.
Por un lado, la Fundación CERMI Mujeres clausuró la conferencia anual sobre trata y explotación de mujeres y niñas con discapacidad. La entidad alerta de que se trata de una de las formas más graves e invisibilizadas de violencia. Durante la jornada, representantes de organismos internacionales y nacionales subrayaron que las mujeres y niñas siguen siendo la mayoría de las víctimas de trata en Europa, especialmente en redes de explotación sexual, y que la discapacidad incrementa de forma notable los riesgos debido al aislamiento, la dependencia o la falta de acceso a información y recursos.
En el caso español, el secretario de Estado de Juventud e Infancia alertó de la especial incidencia de estas redes en el sistema de protección de menores, marcado por la fragmentación territorial. Esta situación, junto a la falta de apoyo en la transición a la vida adulta, favorece que muchas jóvenes —especialmente con discapacidad— acaben siendo captadas por redes de explotación.
La jornada también abordó los retos en la identificación y protección de víctimas, con muchas situaciones detectadas en el ámbito laboral o en contextos de exclusión social, y de persecución compleja cuando las víctimas tienen discapacidad. En este sentido, se reclamó una respuesta más coordinada, basada en datos, con enfoque de género y discapacidad, y centrada en las víctimas.
Casas como cárceles
Paralelamente, en otra comparecencia en el Congreso, el director de Accesibilidad e Innovación de Fundación ONCE, Jesús Hernández Galán, denunció que alrededor de 100.000 personas con discapacidad viven “encarceladas en sus casas” en España debido a la falta de accesibilidad en las viviendas. Según explicó, esta situación responde en gran medida a la antigüedad del parque residencial, las dificultades económicas de las comunidades de vecinos y la insuficiencia de políticas públicas de rehabilitación.
Hernández Galán advirtió de que esta falta de accesibilidad genera “situaciones de exclusión extrema” y limita gravemente la autonomía personal, afectando también a ámbitos esenciales como la sanidad, donde muchas personas encuentran obstáculos incluso para someterse a pruebas médicas básicas. A ello se suma la falta de formación de los profesionales en distintos sectores —educación, salud o empleo—, que agrava las barreras existentes.
Asimismo, señaló que estas dificultades son aún mayores en el medio rural y que, aunque el teletrabajo puede ofrecer algunas soluciones, no sustituye una inclusión real. También alertó de nuevos retos, como los derivados de los cambios en la movilidad urbana.
Ambas intervenciones coincidieron en un diagnóstico común: la discapacidad sigue siendo un factor de desigualdad estructural que, en sus formas más extremas, puede desembocar en explotación, violencia o aislamiento. Frente a ello, las voces expertas reclamaron un cambio profundo en las políticas públicas, basado en la accesibilidad universal, la inversión sostenida y el reconocimiento efectivo de derechos.
“No hablamos de comodidad, hablamos de derechos fundamentales”, resumió Hernández Galán, en una idea que conecta con el mensaje central de la conferencia: sin accesibilidad, protección y datos, miles de personas con discapacidad seguirán expuestas tanto a la exclusión diaria como a las formas más graves de vulneración de sus derechos.