La Constitución aún alberga el término ‘disminuidos’, y las personas con discapacidad llevan varios años abogando por su reforma. La Mesa del Congreso ha admitido a trámite este pasado martes la reforma del artículo 49 de la Constitución para eliminar el término «disminuido» y sustituirlo por «persona con discapacidad», según una nota publicada en La Vanguardia.
Ya el pasado mes de diciembre los dos principales partidos políticos, PP y PSOE, consensuaron esta medida para ser aprobada por la vía rápida. La reforma viene impulsada desde 2018 por el Comité de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) en 2018. entidad a la que pertenece ASPAYM.
A comienzos de este año, el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quiso demostrar el compromiso del Estado con nuestro sector de la sociedad. Por ello, su primer acto institucional fue en el X aniversario de la Fundación CERMI Mujeres, acto donde coincidió con la presidenta de la Federación Nacional ASPAYM, Mayte Gallego.
Allí, el presidente reconoció tener «tarea por delante» en el sector de la discapacidad «para remover todas las barreras que existan».
A propósito de la reforma, Sánchez calificó esta corrección como «un hito histórico» que resuelve una «contradicción» de la Constitución y que «define y cuestiona la propia dignidad de las personas con discapacidad». Asimismo, precisó que va a ser «difícil« que haya «algún grupo político que se oponga». Para el presidente, «Esta reforma va a hacer que la Constitución sea mejor y también nuestro país», según declaraciones recogidas por Heraldo.
Nunca más ‘disminuidos’
Actualmente, el artículo 49 de la Constitución está redactado de esta manera: «Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos».
El texto pretende enmendar esta redacción ya anticuada e inadecuada. Así, se incluirá que «las personas con discapacidad son titulares de los derechos y deberes previstos en este Título en condiciones de libertad e igualdad real y efectiva, sin que pueda producirse discriminación».
Esta no será la única modificación prevista. Además, busca señalar que «los poderes públicos realizarán las políticas necesarias para garantizar la plena autonomía personal e inclusión social de las personas con discapacidad».
Las reformas constitucionales de tramitación exprés exigen un respaldo mínimo de tres quintos de cada una de las Cámaras. Esto es, 210 diputados y 159 senadores. Por ello, al margen de otras adhesiones, resulta imprescindible la presencia de los dos grandes partidos.