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La estrategia estatal de desinstitucionalización se ha presentado hoy en sede ministerial. La cartera de Derechos Sociales y Agenda 2030 ha arrancado con un acto en el que ha desgranado las claves de lo que supondrá el futuro de este proyecto. Con ellas se pretende dar respuesta clara a una de las demandas claves de las personas con discapacidad. Entre ellas, alternativas habitacionales para mantener lo más posible el proyecto de vida independiente y no acceder anticipadamente a una residencia.

«¿Es libre una persona en situación de dependencia que no puede pagar a su asistente personal?». Es la pregunta que ha lanzado al aire Jesús Martín Blanco, director general de la Discapacidad, en el arranque del acto.

Bajo el lema ‘Para una buena vida en la comunidad‘, también ha intervenido la ministra Ione Belarra, que ha agradecido la labor de las entidades sociales: «Tanto de aquellas que participáis de esta estrategia como las que trabajáis en proyectos de innovación social». Según Belarra, dichos proyectos contribuirán a «generar el conocimiento y la experiencia necesarios para que esto se traduzca en políticas públicas generalizadas». Al acto de presentación ha acudido, entre otras personalidades de las aludidas, Mayte Gallego, presidenta de la Federación Nacional ASPAYM.

Experiencias pioneras en España y en Europa

A lo largo del evento se han compartido testimonios en torno a las experiencias en España y Europa. Todas ellas contribuyen en cierta medida a dotar de conocimientos a la estrategia estatal de desinstitucionalización. Así, Simon Duffy ha lamentado que los fallos en prevenir esta lacra devienen en la falta de apoyo a familias y escasez de personal especializado para dar tratamientos individualizados. Para el investigador, las claves del proceso pasan por las respuestas adecuadas a las necesidades desde la sociedad, la comunidad, la familia, los servicios flexibles y los propios individuos.

Por su parte, Tara Doheny presentó el Genio Trust de Irlanda, un proyecto centrado en personas con discapacidad y problemas de salud mental. Su estrategia pasó por la construcción de alianzas, establecimiento de criterios a través de un comité, firmas de contratos e invitaciones a aportaciones. Hoy sus 16 proyectos de discapacidad suman 7,9 millones de euros y 370 personas desinstitucionalizadas.

A continuación, Carlos Méndez trasladó la opinión de la población española. Según su sondeo, hay un consenso generalizado del 93% de personas que consideran necesario establecer políticas de apoyo para personas con discapacidad. El 78% considera que, una vez institucionalizadas, indefectiblemente esas personas están al margen de la sociedad. El 94%, por tanto, apoya la desinstitucionalización.

La jornada de la mañana concluyó con una mesa redonda con las experiencias de Noelia Blanco (“Acoges+” de Aldeas Infantiles); Victoria del Abril (“AICP.COM” de Fundación Pilares), Esther Punzano (“Derechos a la vivienda”; de Hogar Sí y Provivienda, y Maribel Cáceres (“Mi casa: una vida en comunidad” de Plena Inclusión). Por la tarde se construyeron claves para el cambio con la intervención de José Manuel Fresno, Nuria Sánchez y Rafael de Asís en innovación y políticas públicas. En la misma línea, conversaron a continuación Lluís Torrents, Marta del Arco, Magdalena Gelabert y Benedicto Caminero. La clausura corrió a cargo de Ignacio Álvarez, secretario de Estado de Derechos Sociales.

Para ver el acto al completo, se puede seguir en el siguiente enlace.

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