El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la reforma de las leyes de Dependencia y de Discapacidad, una modificación normativa que incorpora algunas de las principales reivindicaciones del movimiento asociativo y que busca avanzar hacia un modelo de atención más personalizado, accesible y centrado en la vida independiente de las personas.
Entre las medidas más destacadas figura el compromiso del Estado de financiar el 50 % del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), una demanda histórica de las comunidades autónomas y de las entidades sociales.
La reforma también prevé una importante inversión pública para reforzar el sistema, reducir las listas de espera y mejorar la calidad de los servicios. Asimismo, se eliminan determinadas incompatibilidades entre prestaciones y servicios, permitiendo que las personas puedan combinar diferentes apoyos en función de sus necesidades.
La norma también refuerza la atención en el domicilio y la figura de la asistencia personal, con el objetivo de favorecer que las personas con discapacidad o en situación de dependencia puedan desarrollar su proyecto de vida en su entorno habitual. A ello se suma la simplificación de los procedimientos administrativos y el fortalecimiento del derecho a la accesibilidad universal.
Avance significativo
Para la presidenta de la Federación Nacional ASPAYM, Mayte Gallego, la reforma de las leyes de discapacidad y dependencia representa un avance significativo hacia un modelo que el movimiento asociativo lleva años defendiendo.
“Esta reforma supone un paso importante porque recoge muchas de las reivindicaciones que el movimiento asociativo lleva años trasladando a las administraciones. La financiación pública al 50 % del Sistema de Dependencia aportará mayor estabilidad y mejorará la atención que reciben miles de personas. También es una buena noticia que se eliminen incompatibilidades entre prestaciones y servicios: no todas las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades, por lo que disponer de apoyos más flexibles permitirá construir respuestas mucho más adaptadas a cada proyecto de vida.”
Gallego destaca especialmente el impulso a la asistencia personal y a la atención en el domicilio, dos herramientas esenciales para garantizar el derecho a la vida independiente.
“Valoramos especialmente el impulso a la asistencia personal y a la atención en el domicilio. Consideramos que es el avance hacia el modelo que debemos normalizar: el de las personas que puedan decidir dónde y cómo vivir, y cuáles son los apoyos necesarios con los que deben contar. Mucho responde, como decíamos, a nuestras demandas históricas: la simplificación de los trámites administrativos y reducir la burocracia significa evitar esperas innecesarias y facilitar que los recursos lleguen antes a quienes los necesitan. También, el reforzar la accesibilidad universal, que no es una opción ni una mejora voluntaria, sino un derecho imprescindible para garantizar la igualdad de oportunidades y la plena participación de las personas con discapacidad.”
No obstante, desde ASPAYM insistimos en que la aprobación de la reforma debe ir acompañada de una correcta aplicación por parte de las administraciones para que las mejoras previstas tengan un impacto real en la vida de las personas.
“Ahora comienza una fase igual de importante que la aprobación de la norma: su aplicación efectiva. Tendremos que estar vigilantes para que ese dinero que llega a las comunidades autónomas se destine realmente a reforzar la dependencia, la asistencia personal, la accesibilidad y los apoyos que necesitan las personas. Lo importante es que los recursos lleguen a quienes los necesitan y se traduzcan en una mejora real de su calidad de vida. Por ello, desde ASPAYM seguiremos colaborando con las administraciones, pero también ejerceremos una labor de vigilancia para que las medidas anunciadas no se queden sobre el papel y supongan un cambio tangible en la vida de las personas con discapacidad y sus familias.”
Desde la Federación Nacional ASPAYM se valora positivamente el contenido de la reforma, al considerar que supone un avance en el reconocimiento de derechos y en la consolidación de un modelo de apoyos centrado en la autonomía personal. No obstante, la entidad recuerda que el verdadero éxito de la norma dependerá de su desarrollo, de la dotación efectiva de recursos y de que las mejoras lleguen de forma equitativa a todas las personas, con independencia de la comunidad autónoma en la que residan.